El impacto de los anuncios económicos de la Presidenta

Por Carlos Bonvecchi


Durante el transcurso de la semana anterior, el Gobierno había hecho trascender que estaba por lanzar un conjunto de medidas orientadas a sostener y estimular el consumo, la inversión, y las exportaciones, y a desalentar las importaciones competitivas con la producción local. Todo ello con el doble objetivo de, por un lado, reducir al mínimo posible la fuerte desaceleración que ya se observa en el nivel de actividad y, en el caso extremo, de tratar de evitar una caída del PIB y, por el otro lado, preservar de ese modo los actuales niveles de empleo.
Dichos anuncios, cuyos contenidos son hasta ahora incompletos, comenzaron a materializarse en la mañana del martes 25 en un discurso que la Presidenta pronunció en el cierre de la Conferencia de la UIA. Concretamente, anunció la recreación de un Ministerio de la Producción; y la puesta en marcha de planes de regularización impositiva, de blanqueo del trabajo en negro, de reducción del costo laboral para los nuevos trabajadores que sean incorporados a los planteles laborales de las empresas, y de exteriorización y repatriación de capitales pertenecientes a residentes en el país, y que los mantienen en el exterior.
Ministerio que vuelve
Respecto de la recreación del Ministerio de la Producción, que ya había sido instituido durante la presidencia de Duhalde y suprimido cuando asumió Kirchner, su impacto en términos de exportaciones, importaciones, producción y empleo no será significativo, al menos, en el corto plazo. La iniciativa del Ejecutivo consiste en la fusión, dentro de una estructura ministerial, de las actuales competencias de las secretarías de Industria, y Mediana y Pequeña Empresa; Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentos; Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería; Turismo de la Presidencia de la Nación; y de la supervisión del accionar de la Agencia Nacional de Inversiones, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Nada indica, hasta ahora, que dicha fusión sea acompañada de mayores recursos presupuestarios o de nuevos instrumentos de política. Por ende, el éxito en el cumplimiento de los objetivos anunciados para este Ministerio dependerá, básicamente, de la capacidad de gestión de la ministra nombrada, y de su habilidad para “navegar” en las aguas de las constantes internas gubernamentales que caracterizan al oficialismo. Lo que sí implica, es un nuevo recorte de las atribuciones del actual ministro de Economía que, de esta forma, sólo se ocuparía en el futuro del resultado de las cuentas públicas y de las necesidades de financiamiento.
En relación con los programas anunciados, los mecanismos a utilizar consistirían en incentivos de naturaleza fiscal: moratoria impositiva, planes de pagos más extensos y con bajas tasas de interés para las deudas tributarias, condonación de deudas previsionales, reducción de costos laborales, reducida carga impositiva inicial sobre el capital y la riqueza no exteriorizada y mantenida en el exterior.
Ello implica que uno de los objetivos implícitos en estas medidas es aumentar, neto de la condonación de deudas previsionales, los recursos tributarios. Esto es, una confirmación indirecta de la necesidad de seguir allegando recursos a la caja y de prevenir, en los próximos años, problemas de recursos en las finanzas públicas. El otro objetivo implícito, es una apuesta a que se incremente el ingreso de dólares; un bien que será relativamente escaso durante el próximo año.
No obstante, cabe recordar al respecto, que el proceso de reactivación económica iniciado en el segundo trimestre de 2002 tuvo, como un impulso de gran significación, el proceso de desatesoramiento de dólares acumulados en cajas de seguridad del país y en depósitos e inversiones en el exterior de las personas físicas, y de la repatriación de capitales de las empresas privadas. Dicho proceso se acompañó, también, de una reducción de la tasa de evasión impositiva y previsional, y del trabajo en negro. En otras palabras, fue el fuerte cambio positivo que se operó en las expectativas de los agentes económicos lo que hizo posible que se materializaran esos procesos; esto es, no fue necesario adoptar ninguna medida específica.
Surge entonces el interrogante: ¿cuáles serían las razones que impulsarían a los agentes económicos a incorporarse a los programas anunciados? En particular, cuando las expectativas sobre el futuro económico internacional y nacional difieren, significativamente, del auspicioso escenario que se perfilaba seis años atrás. ¿Los incentivos fiscales incluidos en los programas anunciados son lo suficientemente atractivos para compensar ese deterioro en las expectativas, la mayor incertidumbre y la volatilidad económica y financiera? En suma, el efecto de estas medidas será, en el mejor de los casos y en el corto plazo, marginal; en especial, porque el 2009 será un año cargado de la impronta de la contienda electoral.
Las obras públicas
De mucho mayor impacto sería el programa de obras públicas anunciado, en los finales del martes 25, por la Presidenta en la mara Argentina de la Construcción. Aunque tampoco se conocen los detalles, el 15 de diciembre próximo se pondría en marcha un plan a través del cual se destinarían casi 22.000 millones de dólares (equivalente a 6.3% del PIB), con fondos que posiblemente provendrían, en su gran mayoría, de las AFJP nacionalizadas, y que estaría orientado a la construcción de obras estructurales, programáticas (escuelas, viviendas, caminos), y otras de menor importanciaa, pero más rápidas de concretar y de mayor intensidad en el uso de mano de obra.
Al respecto, con la información disponible, puede señalarse: por un lado, que llama la atención la magnitud del monto presupuestado, difícilmente concretable en el corto plazo de un año; por otro lado, que son abundantes y relevantes las evidencias existentes sobre las fallas de gestión que ha exhibido este Gobierno y que se expresan, entre otros aspectos, en la enorme diferencia que se observa entre sus anuncios y su grado de concreción. Por lo demás, más allá del eventual impacto positivo sobre la utilización de mano de obra, su contribución al crecimiento del producto es reducida y, por último, es posible que la distribución de esas obras en términos provinciales se apoye, centralmente, en las necesidades electorales del oficialismo. En suma, las medidas hasta ahora anunciadas constituyen el reconocimiento, por parte de las autoridades de que, por un lado, el nivel de actividad se está desacelerando a una velocidad mayor a la esperada; por otro lado, que lo mismo estaría ocurriendo con la recaudación impositiva; finalmente, que la oferta de dólares en el mercado de cambios es significativamente menor a la necesaria. Empero, estas medidas serían insuficientes para corregir de manera drástica estas tendencias: la contribución de las mismas en términos de crecimiento del PIB, de los ingresos tributarios y de la oferta de divisas sería, en el actual contexto económico internacional y local, marginal.
Pero todavía quedaría sin atender el reclamo industrial y de otros sectores de la economía, respecto de la necesidad de contar con un tipo de cambio real más competitivo. En tal sentido, trascendió que se encontrarían en preparación otra serie de medidas destinadas a incrementar el tipo de cambio efectivo de exportación e importación: la eliminación de las retenciones a las ventas externas aplicadas a algunos productos manufacturados, el incremento de los reintegros a la exportación, y el aumento de la tasa de estadística. A ello se sumarían programas de crédito a tasas inferiores a las de mercado destinados a las actividades productivas, y para la adquisición de automotores nuevos.
Se trataría de medidas que, excepto el caso del incremento de la tasa de estadística, significan un costo fiscal (pérdida de recaudación por retenciones y aumento de los reintegros a las exportaciones), o un aumento de los subsidios (a las tasas de interés imputables a los programas de crédito que se anunciarían).
Implicaría, a su vez, el reconocimiento de que el tipo de cambio se encuentra atrasado y, que por ahora, el sector agropecuario sería “el pato de la boda”. Implicaría, también, que la decisión de mejorar el tipo de cambio a través de una “devaluación fiscal”, supone el temor, por parte del gobierno, a algunas de las posibles consecuencias de permitir dejarlo flotar con mayor libertad: una tasa de inflación más elevada, pérdida de depósitos y de reservas. Situaciones que podrían erosionar las bases de sustentación de la coalición gubernamental y, por ende, ensombrecer el panorama electoral del próximo año